Cómo se gestó el paro anunciado para el 31 de marzo

Los gremios de transporte anunciaron una huelga general. Se abre ahora un largo proceso de negociación. Por primera vez en su historia, la OIT puso en debate el derecho de huelga





Con la excepción de unas pocas organizaciones que se identifican con el kirchnerismo más rancio, los gremios del transporte han determinado que su bautismo de fuego como grupo cuasi autónomo de las centrales sindicales será el martes 31 de marzo: ese día, pararán las 24 horas en repudio a los oídos sordos del Gobierno sobre una actualización del régimen vigente de Ganancias.

Cuestionan, además, la brecha enorme que perdieron los salarios frente a la inflación, la precariedad de los jubilados y el "secretismo" de Cristina y compañía acerca de los recientes acuerdos comerciales que se establecieron con China.

Fuera de esto, aunque no tanto, el anuncio del paro viene a coincidir con una polémica caliente que trasciende a la Argentina: a instancias del llamado Grupo de Empleadores (empresarios), la Organización Internacional del Trabajo analiza excluir el derecho de huelga de los convenios de esa entidad sobre libertad sindical.

Auspiciada por Naciones Unidas como agencia responsable de los derechos laborales a nivel global, la OIT es un organismo tripartito conformado en partes iguales por gobiernos, empresarios y sindicalistas de sus países miembro. Un cambio de las características como hoy se plantea, algo que jamás ocurrió en los casi 100 años de vida de la OIT, va a repercutir en los sindicatos de todo el mundo.

Hasta acá, en todo caso, se discutía si los gremios del transporte debían ser considerados prestadores de un servicio esencial, lo cual los obligaría --desde esa interpretación--, a cumplir diagramas mínimos de emergencia durante una huelga. Ahora, en la bucólica Suiza, se ha puesto en tela de juicio la libertad de todos los trabajadores a llevar adelante medidas de fuerza, cualquiera sea su actividad.

La pulseada quedará saldada el mes que viene, cuando se pronuncie el Consejo de Administración de la OIT. Allí se verá. Lo que ya se ve hace rato es la pasividad, frente a este contencioso, de las organizaciones gremiales de los países más poderosos de Occidente.

La movida de ayer de los gremios del transporte dejó claras señales. Hacia la interna sindical, se quiere demostrar que la unidad del sindicalismo peronista "no sólo es posible sino necesaria", como dijo a Infobae un vocero de ese grupo. En este espacio se sienten la vanguardia de la reunificación, y creen que por antecedentes y peso específico les corresponderá a ellos nominar al jefe de una CGT unida.

También pretenden mostrarse como la gran piedra en el zapato de la doctora Kirchner en el tramo final de su presidencia. En diciembre pasado ya le habían declarado una huelga, que al final quedó en la nada porque Cristina se avino a despojar de impuestos el último medio aguinaldo.

Pero por recio que parezca este bloque, declarar un paro general con 40 días de anticipación, que en este país puede equivaler al doble, habla de debilidades objetivas. Porque se abrió un larguísimo tiempo de negociación posible. Además, ¿qué tan urgentes son las cuestiones que llevan a convocar una huelga en verano que se hará recién entrado el otoño?

El grupo de 21 organizaciones del transporte marítimo, aéreo y terrestre, que encabezan el marítimo Juan Carlos Schmid y el ferroviario Omar Maturano (los dos aspiran a liderar una CGT única) argumentan que la administración K los dejó sin otro camino que el paro general.

Con mayoría de moyanistas, este bloque congrega dirigentes de las tres CGT, incluida la de Caló. Los que no se subieron a este colectivo son los híperkirchneristas Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), el taxista Omar Viviani, el marítimo Omar Suárez, el piloto Pabló Biró y alguno que otro más.

La reunión en el camping recreativo de la UTA en la localidad de Moreno fue muy activa. Además del clásico comunicado anunciando las razones de la "acción directa", se produjeron dos documentos. Uno, referido al acuerdo que la Presidenta firmó en China. El otro, referido a la manoseada unidad del sindicalismo.

"El problema es que el convenio marco con China está rodeado de oscuridades y secretismo; por lo que ha trascendido, posibilitaría la llegada pasiva de mano de obra china que sería empleada –por empresas chinas- en diversos sectores de la actividad económica", señala el texto sobre las inversiones de aquel país en el nuestro.

Por lo visto, les resulta inquietante que el jefe del bloque oficialista en el Senado, Miguel Pichetto, haya intentado sin éxito incluir una cláusula en el convenio para garantizar el empleo de mano de obra local.

"Fue en vano. Desde arriba lo disciplinaron, explicándole que la versión actual de los acuerdos es inmodificable", señalaron, al tiempo que no se explican la actitud de "sumisión" de Cristina con el gobierno de Xi Jinping.

Respecto de la unidad de los gremios, señalan sin aclarar a quién o quiénes se refieren: "Que el movimiento sindical avance hacia la unificación, no debiera ser visto con recelo".

Muchos de estos gremios, nucleados en la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), también participaron el miércoles de una jornada de acción global "por la reivindicación del derecho a huelga". El coordinador argentino de la ITF, el camionero Luis Velásquez dijo: "Es nuestro compromiso defender la herramienta del paro en defensa de cada derecho vulnerado".

El acuerdo con China tampoco termina de ser digerido en la CGT afín al Gobierno. El massista Héctor Daer (Sanidad), jefe de prensa de esa central, admitió que el convenio habilita la contratación de trabajadores chinos bajo la legislación china. El constructor Gerardo Martínez, uno de los primeros en poner el grito en el cielo, aclaró a sus pares: "El convenio marco puede estar bien, pero habrá que abrir los ojos si se pactan acuerdos para emprendimientos específicos con las multinacionales chinas, que es otra cosa", advirtió.

Mientras, trabajosamente el metalúrgico Caló tramita una reunión con Cristina. Se siente apremiado por sus bases y por el crecimiento del desempleo y el trabajo informal reconocidos por el INDEC. La central K quisiera plantear en el escritorio presidencial la normalización del Pami y otros temas de seguridad social, como una ley que ayude a prevenir los accidentes de trabajo.

Para no ser la excepción, el sindicalismo K también reclama un sistema impositivo más progresivo. El Gobierno sigue plantado en su trece, al sostener que sólo el 10 por ciento de los trabajadores está alcanzado por Ganancias.

Por: Ricardo Ríos [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]