Tragedia de Once: Decretan la quiebra de TBA y peligran las indemnizaciones a las víctimas

La medida declarada por la Justicia afecta a familiares de víctimas y heridos que se presentaron como querellantes en la causa. A la empresa le quitaron la concesión del Sarmiento en 2012.


El choque. Fue el 22 de febrero de 2012: hubo 51 muertos y más de 700 heridos.

El camino hacia la Justicia por la tragedia de Once sumó otro obstáculo. TBA, la ex concesionaria de los ferrocarriles Sarmiento y Mitre, fue declarada en quiebra. Así, la posibilidad de que cobren una indemnización las víctimas y familiares del accidente de 2012, y de cualquier otro que haya sucedido en estos trenes, podría demorarse muchos años.

La decisión fue de la jueza Paula Hualde, a cargo de la causa por la convocatoria de acreedores de la empresa de los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, iniciada en 2005. Fue a raíz de un reclamo de la ART Liderar, por supuestas deudas que no fueron incluidas en el concurso de acreedores. Fuentes cercanas a la ex concesionaria afirmaron que "el fallo será apelado. Nunca dejamos de pagar las cuotas del acuerdo que se homologó en 2007, incluso pese a que desde 2012 no tenemos más la concesión. El reclamo de Liderar es infundado, tenemos una denuncia penal contra ellos".

¿Qué implica la quiebra? Que quienes tengan un reclamo contra TBA ahora caerán en la larga lista de acreedores en espera. Y aunque el Estado finalmente se tenga que hacer solidariamente responsable, estos juicios demorarían mucho más, podrían terminar en pagos con bonos u otras herramientas, y ya no habría posibilidad de acuerdos extrajudiciales (el Estado no puede hacerlos). Como ejemplo basta ver lo que demoran en ser pagados los juicios ganados por los jubilados.

Esto podría afectar a todas las víctimas y familiares. En marzo, previo al inicio del juicio penal que está en marcha, dos grupos habían alcanzado un acuerdo con TBA, por el cual renunciaban a ser querellantes a cambio de indemnizaciones de hasta $ 300.000, según trascendió. En cambio, otros familiares, los que no se bajaron del juicio penal, están a la espera de la resolución de esta causa para luego iniciar la demanda civil.

"Ahora estamos enfocados en la causa penal, lo civil es un derecho que ejerceremos pero que no es prioritario", aseguró Leonardo Menghini, abogado de uno de los grupos de querellantes.

En tanto, Gregorio Dalbón, que representa a más de 450 personas que tienen reclamos contra TBA y el Estado por $ 1.300 millones, se lamentó: "En su momento le solicitamos al juez Claudio Bonadio un embargo por $ 1.200 millones para resguardar bienes y patrimonio, pero no hizo lugar al pedido.

En un juicio civil el Estado tiene entre 10 y 14 años para abonar, y puede hacerlo con bonos de hasta otros 10 años, es decir que estas indemnizaciones se podrían cobrar dentro de 25 años, y la paradoja es que las familias que han perdido hijos serán los propios pagadores de su indemnización. Igual vamos a pelear hasta las últimas consecuencias, aunque sea ad honorem".

A su vez, Miguel Arce Aggeo, representante de uno de los grupos que había alcanzado el acuerdo pre-judicial, comentó: "Pensábamos que podía pasar, por los personajes que están en juego. Vamos a tratar de entrar como acreedores en el proceso de quiebra con las víctimas que todavía no llegaron a un acuerdo. Pero es un proceso que puede llevar años, y además tenemos que saber con qué patrimonio cuenta la empresa para responder”. Y Marcelo Parrilli, abogado de otro de los grupos que llegaron a cobrar el acuerdo, afirmó que "esto no puede sorprender a nadie, porque cuando el Gobierno revocó la concesión TBA dejó de tener actividad.

La aseguradora, Liderar, tenía una póliza limitada a $ 1.800.000 por evento, de manera que su responsabilidad terminó con el depósito de esa suma. Y el Estado Nacional, que es el otro demandado, niega sistemáticamente su responsabilidad".

La quiebra fue decidida el mismo día en que el Papa Francisco recibió en el Vaticano a una delegación de madres de víctimas, y mientras en los tribunales de Comodoro Py se desarrollaba una nueva audiencia en el juicio oral penal por la tragedia del 22 de febrero de 2012, en la que murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas.

Fuente: Clarin