ORDENAN MEGAPERITAJE SOBRE MANEJO DE SUBSIDIOS DE TRENES

Es el otro tramo de la investigación por la Tragedia de Once, pues en lo que hace al accidente en sí y las responsabilidades de empresarios y funcionarios del área de Transporte se está realizando un juicio oral y público, mientras que aún sigue en curso una causa sobre los subsidios estatales que recibía TBA, a cargo de las líneas Sarmiento y Mitre.

La empresa hoy tiene a toda su cúpula en juicio de la mano de Claudio Sergio Cirigliano, y fue el Gobierno el que le revocó la habilitación para operar tiempo después de ocurrido el accidente ferroviario de Once, el 22 febrero de 2012, y del cual este lunes se cumplen tres años.

La causa por la tragedia ferroviaria se inició en el Juzgado de Claudio Bonadio, pero fue la Sala II de la Cámara Federal la que le quitó la investigación sobre el tramo de los subsidios estatales y la trasladó al magistrado Sebastián Ramos, a raíz de que éste venía investigando desde antes el manejo de los fondos públicos que recibían las concesionarias.

Fueron los abogados defensores los que objetaron que había a la par dos causas en trámite y el juez Ramos quedó a cargo de la investigación por los subsidios que recibía la empresa TBA al anexarla a una causa anterior.

Dos años antes del accidente, el 20 de abril de 2010, fueron los entonces diputados de la Coalición Cívica Juan Carlos Moran, Elsa Quiroz, Horacio Piemonte, Héctor Flores y Sebastián Cinquerrui, quienes presentaron una denuncia para que se investiguen los subsidios al transporte ferroviario de pasajeros y lo que hace respecto a los fondos recibidos por TBA quedó anexado a esa otra pesquisa.

La investigación en poder de Ramos apunta a determinar qué destino se le dio a los subsidios y si hubo complicidad política, de funcionarios del área de Transporte, en la falta de control de los mismos.

Concretamente se intenta determinar si fue irregular la entrega de esos subsidios y si hubo desvío del fin original que tenían, que era el mantenimiento y mejora del servicio ferroviario.

Ni bien Ramos asumió el Juzgado hace pocos años llevó adelante una gran cantidad de medidas para recolectar pruebas y documentación, no sólo de TBA sino de otros concesionarios ferroviarios, como Metrovías, Ferrovias S.A y UGOFE S.A.

Respecto a TBA dispuso un total de 43 puntos de pericia para conocer el destino de los subsidios estatales: específicamente si la empresa tenía obligación de llevar un registro contable, si existía método de control alguno y si una vez que los fondos públicos ingresaban a las arcas de la empresa perdían su carácter como tal y pasaban a ser patrimonio de la concesionaria.

Sobre la pericia, ordenada por el juez a fines de diciembre pasado pero que se conoce hoy, se notificó a los acusados exsecretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, así como a otros exfuncionarios y el directorio de TBA.

Se trata de los mismos acusados que son actualmente juzgados por el accidente desde comienzos del 2014 y por el cual el Tribunal Oral Federal 2 pretende llegar a un veredicto a mediados de este año.

En el juicio se los juzga a todos por los delitos de descarrilamiento culposo y administración fraudulenta, excepto al motorman Marcos Córdoba que sólo se lo hace por el primero de ellos.

También dispuso similares puntos de pericia sobre el resto de los concesionarios, Metrovías (por la explotación de la línea Urquiza, los subterráneos de Buenos Aires y el Premetro); y UGOFE (por el tren de la ex línea Roca), entre otros.

Incluso, el juez pidió en la pericia que se señale si los concesionarios cumplieron con las cuestiones de mantenimiento y seguridad requeridas, a raíz de los subsidios recibidos.

Esta causa se encuentra en un estado incipiente, en tanto que la otra está mucho más avanzada y está cerca de conocerse un veredicto a mediados de este año sobre los exfuncionarios involucrados y empresarios, así como el motorman que condujo la formación siniestrada.

Terra