ARROYO SECO SE CONVIRTIÓ EN UN DOLOR DE CABEZA PARA LA OBRA DEL TREN RETIRO – ROSARIO

La Justicia federal y Gendarmería Nacional tuvieron que intervenir para garantizar los trabajos, que culminan en una semana, por el conflicto en dos barrios que se levantan allí

El conflicto sucitado en dos barrios de Arroyo Seco que se levantan a la vera de las vías donde circulará el tren Retiro-Rosario se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para la concreción de la futura traza, al punto que las autoridades nacionales acudieron a la Justicia para garantizar la continuidad de los trabajos, y hasta se destinaron móviles de Gendarmería a fin de evitar piquetes que demoren la obra.

Ocurre que Arroyo Seco representa un obstáculo al paso del futuro ramal, anunciado para el 1º de marzo próximo, con la radicación ilegal de unas 300 familias distribuidas en los barrios San Francisco y Virgen del Luján, ambos asentados ilegalmente sobre terrenos municipales y del ferrocarril, a sólo a 1,5 metro de las vías. La reubicación de estos vecinos es un tema irresuelto, pese a que el municipio ya consiguió el terreno para viviendas, que serían construidas en el marco del plan Techo Digno.

Con el inicio de las obras, en esos barrios comenzaron a correr distintas versiones sobre cómo el paso del futuro tren los afectaría negativamente. A la duda de si tendrán o no un lugar donde trasladarse, se sumó el rumor de que el NCA levantaría la vieja vía que es parte de su existencia y actividades, aunque también se dijo que no serían retiradas y que el convoy pasaría por allí a 130 kilómetros por hora, casi rozándolos. Además, se habló de la construcción de una muralla de dos metros de alto en el escaso espacio entre el viejo ramal y las casas, anulando prácticamente la circulación peatonal y vehicular.

Piquete. Los ánimos se caldearon el martes pasado, cuando “no sé qué pasó ni quién encendió la mecha, pero ellos (los vecinos) empezaron a prender fuego y cortar el paso del tren, pese era otra la idea: llevarnos a recorrer los barrios con algunos ediles, para mostrarnos algunos daños que habría provocado el paso de maquinaria pesada. Extraoficialmente trascendió que fueron alentados por algún concejal”, relató el intendente Darío Gres. Y remarcó: “Personalmente hablé con los ellos y les pedí que levanten el corte, tal como lo hicieron. De todas maneras, hoy se vive en una tensa calma”, advirtió.

El piquete paralizó los trabajos en el tercer ramal que se construye paralelamente a otro nuevo ya terminado, por lo que el NCA radicó una denuncia que ayer ingresó al fuero federal. Así, se designó la custodia de Gendarmería Nacional que no tuvo necesidad de intervenir porque cuando se apostó en el lugar, el miércoles a las 6, la protesta ya se había disipado.

Ariel Franetovich, presidente de Trenes Argentinos Infraestructura Ferroviaria dependiente del Ministerio del Interior y Transporte, opina que fue Gres y algunos ediles quienes instigaron el piquete del martes. “No puedo entender que un intendente con un par de concejales estén o hayan intentado decir a la gente que hay que parar la obra, es absurdo. El lunes vamos a ampliar la denuncia para que se analice la actitud de estos funcionarios y como una manera de mantener la custodia de Gendarmería en el lugar, para prevenir nuevos cortes durante la próxima semana, cuando ya concluyan los trabajos”.

Despejando dudas. En diálogo con La Capital, el funcionario aclaró que “no se va a levantar ninguna vía, como se dice. Para evitar el riesgo de que el tren pase pegado a un asentamiento en terrenos en su mayoría usurpados, hemos hecho una tercera. Entonces no va a pasar por la vieja sino por ésta, más alejada. Tampoco vamos a levantar la existente sino que sobre ésta se va a asentar un muro de seguridad con bloques de concreto de 1,20 metro de alto”. En este sentido, agregó que, una vez que los vecinos sean reubicados, “se va a retirar ese muro y se rehabilitará este tercer ramal, que siempre es conveniente tenerlo”.

Franetovich desestimó los supuestos daños en las viviendas que habría provocado el tránsito de maquinarias pesadas, al comparar que una de éstas “pesa lo mismo que uno de los diez vagones que llevan los trenes de carga que pasan por ese lugar”. De todas maneras, “de comprobarse que se produjo algún perjuicio, nos vamos a encargar de que se repare”.

Piden destituir al intendente de Tostado

El senador por el departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo, y los concejales de la ciudad de Tostado Alfredo Giromini (Santa Fe Federal) y Miguel Rosales (PRO) reclamaron la destitución del intendente de esa ciudad cabecera del departamento 9 de Julio, el justicialista Enrique Fedele, sentenciado en firme por la Corte Suprema de Justicia de la provincia a dos años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y dos años de prisión en suspenso.

El legislador y los ediles, opositores a Fedele, explicaron en declaraciones periodísticas las inconsistencias de las afirmaciones del intendente tostadense —para el que piden, más que la intervención, la lisa y llana destitución— que, según indicaron, “intenta confundir a la sociedad victimizándose, cuando en realidad la única víctima es el pueblo de Tostado, al que todos los días le roban su futuro”.

Sentencia. El legislador de la Cámara Alta y los ediles tostadenses indican que “existe una sentencia judicial en firme y debe cumplirse; el encargado de ejecutarla es el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti. Está en sus manos que la decisión de la Suprema Corte de Justicia se respete y que no haya un pésimo antecedente para que otras autoridades comunales o municipales se animen a desobedecer a la máxima autoridad judicial de la provincia”.

“Hay una sentencia firme que condena al intendente Enrique Fedele a dos años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y dos años de prisión. En consecuencia, Fedele no puede hablar de «un error administrativo», cuando lo que se analiza es un delito juzgado y con sentencia firme de la Suprema Corte de Justicia”, indicaron los legisladores.

“Tenemos las manos limpias y la conciencia tranquila”, dijo el senador Gramajo, quien afirmó que “entendemos a la política como medio idóneo para acercar las soluciones a los problemas de la gente y a la democracia como único medio para la consolidación de las instituciones y la ratificación de la política como herramienta al servicio de la sociedad”.

Por una ordenanza. La causa por la que se condenó al intendente refiere a un aumento de la tasa general de inmuebles, correspondiente al año 2008, respaldado mediante una ordenanza presupuestaria aprobada por el Concejo de aquel entonces, que validó el comienzo del cobro de la misma.

Los ediles Nora Frasinelli de Gramajo y Alfredo Giromini denunciaron el hecho, argumentando que esa norma presupuestaria aprobada no era el instrumento hábil, sino que se debió haber dictado una ordenanza específica.

La Capital