Contradicciones entre los conductores en las audiencias por el juicio de la tragedia de once

Dos conductores de la línea Sarmiento, que operaban el tren que se estrelló contra el paragolpe de la estación terminal de Once con el saldo de 51 personas muertas, incurrieron en contradicciones durante la reinauguración de las audiencias del juicio que busca determinar las responsabilidades de los 29 imputados en la tragedia ocurrida hace casi tres años.



Uno de los maquinistas, de apellido Pollo, aseguró que cuando entregó la formación que finalmente se estrelló, la misma tenía "freno largo" lo que en la jerga ferroviaria se demomina a la cantidad de maniobras que había que realizar para lograr la detención total del tren, informaron fuentes judiciales.

En cambio el conductor que recibió ese tren aseguró que la formación siniestrada tenía "freno corto", es decir que no había que ejecutar tantas maniobras para detenerlo, cuando Marcos Córdoba, el maquinista que estaba al frente al momento del impacto declaró que el tren tenía "freno largo".

Además declaró el ingeniero Edgardo Peralta, de la Asociación de Protección al Usuario del Transporte, quien solo ratificó una documentación que había presentado en la causa referida el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi.

El juicio continuará mañana a las 10 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, donde esta previsto que declare, entre otros, el gerente de Seguridad Ferroviaria de la Comisión Nacional de Regulación del Tansporte (CNRT), Horacio Faggiani.

El sinestro, que generó 51 muertos y 789 lesionados, ocurrió el 22 de febrero del 2012 cuando un tren de la línea Sarmiento colisionó con la cabecera del andén número 2 de la estación terminal de Once.

Hay imputadas 29 personas entre ellas Sergio Claudio Cirigliano, Marcelo Alberto Calderón, Carlo Michele Ferrari, Carlos Alberto Lluch, Sergio Daniel Tempone, Jorge Álvarez, Guillermo Alberto Abenigno y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, junto al maquinista Marcos Córdoba.

A todos se les imputa, a excepción de Córdoba, los delitos de defraudación contra la administración pública y descarrilamiento culposo.

Según el Código Penal, esos delitos tienen una escala de pena de 2 a 6 años de prisión y de 1 a 5 años de prisión, respectivamente.

En tanto, Córdoba esta imputado por el delito de descarrilamiento culposo que tiene una pena de 1 a 5 años de prisión.

En el juicio está previsto que declaren unos 350 testigos, aunque muchos de ellos no se presentaron y hasta el momento declararon 170.


Agencias Telam