Comienzan a declarar las hijas de Jaime por enriquecimiento ilícito

El juez Casanello citó al ex secretario de Transporte del kirchnerismo y a sus familiares. Las primeras en declarar son sus tres hijas: Romina, Julieta y Gimena



Las hijas de Ricardo Jaime cambiaron su estilo de vida a medida que su padre se asentaba en la secretaría de Transporte durante los primeros seis años de gobierno kirchnerista. Comenzaron a viajar por el mundo y adquirieron algunos bienes que antes no estaban a su alcance.

Desde hoy y por los próximos días hasta fin de mes declararán los parientes de Jaime que para la Justicia han actuado como testaferros del ex funcionario kirchnerista. Las hijas inician la lista pero también pasará por Tribunales un hermano, la ex mujer -y sus dos hijas- y la ex suegra de Jaime. El fiscal Carlos Rívolo, que investiga el modo en que Jaime hizo crecer el patrimonio de quienes lo rodean, los imputó como testaferros. Porque, según determinó un peritaje, no pudieron justificar cómo adquirieron los bienes en el período de investigación: desde que Jaime asumió en 2003 hasta 2011, dos años después de haber dejado el cargo de secretario de Transporte de la Nación.

De las tres hijas de Jaime, Gimena, la menor, es quien, según los investigadores, aparece menos comprometida en el entramado de dinero que se generó alrededor del ex funcionario público. Romina vive en Brasil y su padre quería ir a visitarla en los últimos días. Y Julieta compró una casa en las afueras de Carlos Paz. Esa operación está sospechada por la Justicia.

Jaime intentó de todas formas que este momento no llegara. Pidió el sobreseimiento de sus hijas. También pidió que se las considerara como encubridoras suyas. Nada le fue concedido por el juez Sebastián Casanello a cargo del caso desde octubre de 2012. El ex funcionario kirchnerista recusó al juez: lo acusó de haber perdido la imparcialidad cuando lo llamó a indagatoria. En el escrito por el que lo convocó a declarar, Casanello señaló que el testimonio de un contador de la Corte Suprema de Justicia había sido "contundente". El contador Héctor Roccatagliata junto a la contadora Eleonora Feser realizó el peritaje contable que determinó que Jaime y sus familiares no pueden justificar una cifra cercana a los 12 millones de pesos. Casanello rechazó la recusación y ahora debe decidir la Sala I de la Cámara Federal si el juez sigue a cargo del caso.

Las indagatorias comenzaron el lunes con la declaración de Raúl Viola, abogado vinculado a la empresa Trenes de Buenos Aires que explotaba ferrocarriles bajo la dócil mirada de control de Jaime. El martes declaró otro hombre ligado a TBA, Carlos Lluch. Ambos fueron indagados porque se sospecha que compraron un yate valuado en un millón de dólares que Jaime usó hace unos años. Viola, según fuentes judiciales, descargó la responsabilidad de la compra en Lluch. Mientras que este último aseguró que hizo la operación del yate para un empresario uruguayo llamado Ángel Campiotti, quien aparece nombrado en informes sobre lavado de dinero en el país vecino. Lluch no respondió preguntas y se comprometió a aportar documentación sobre el yate. La Justicia sospecha que la adquisición del yate tenía como destinatario final a Jaime porque la persona autorizada para retirarlo del astillero que lo construyó era Manuel Vázquez, testaferro y hacedor de negocios del ex secretario de Transporte.

Fuente: Infobae